El presidente Santiago Peña felicitó al pueblo brasileño y a Luiz Inácio Lula da Silva tras la confirmación de la reelección presidencial. “Brasil no solo es la octava economía más grande del mundo; probablemente es la segunda democracia más grande del mundo y nuestro mayor socio comercial. Por eso, la elección en segunda vuelta de ayer (por el domingo) es un evento político de enorme relevancia para la región, para el Mercosur y para el Paraguay”, afirmó esta semana.

La agenda de integración con Brasil, según informó el presidente paraguayo, es amplia y su planificación y desarrollo está en curso desde hace poco más de tres años. Para Peña, la reelección “ofrece elementos positivos porque ya conocemos a quienes integran el gobierno del presidente Lula”.

Uno de los principales puntos es la negociación del Anexo C, que rige las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la central hidroeléctrica. “En abril de 2024 cerramos un acuerdo histórico para el Paraguay, que dio tres años de previsibilidad en la tarifa. Eso nos permitió llevar adelante obras de infraestructura de enorme impacto social, en salud y educación”, afirmó Santiago Peña. El objetivo actual es lograr una reunión para planificar los siguientes pasos y tratar de cerrar antes de fin de año.

Con respecto a la cuestión energética y los últimos cambios, aclaró que el país tiene soberanía y control sobre su 50% de la energía, tanto de Itaipú como de Yacyretá. “Año a año estamos aumentando nuestro consumo de energía, y creemos que ese aumento significa generación de empleo y de valor agregado en el Paraguay. Vamos a seguir en ese camino, independientemente de las negociaciones que se lleven adelante”, finalizó el jefe de Estado.

Panorama positivo

El especialista Fabián Cáceres, ex gerente técnico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), considera que Paraguay “ya perdió el tren” del Anexo C, pero ve en Lula un aliado para enfrentar la escasez energética en los próximos años. “Los antecedentes muestran que, en administraciones anteriores de Lula, Paraguay obtuvo muchos beneficios”, señaló.

El ing. Fabián Cáceres ofreció un análisis sobre cómo afecta la victoria de Lula a las negociaciones en curso.

Sobre la revisión del Anexo C, fue tajante: “a mi criterio ya perdimos el tren”. Explicó que el principal interés para negociar eran la tarifa y las regalías por la asimetría en el uso de potencia, pero que “eso se va a equilibrar en dos o tres años”. Por otro lado, para el avance de las negociaciones se le suman los plazos de las notas reversales. “Cuando llegue el beneficio final, probablemente ya no será lo que esperábamos”, advirtió.

El especialista propone enfocar la agenda en el financiamiento conjunto de nuevas fuentes de generación, “algo que también puede interesar a Brasil”, en la esclusa de navegación prevista en el Anexo B del tratado y en la construcción de un convertidor brasileño que Paraguay podría utilizar para importar energía.

¿Cómo seguirán las negociaciones del Anexo C?

A partir del resultado electoral, el ingeniero Guillermo López Flores analiza las futuras negociaciones sobre el Anexo C de Itaipú. Según alerta, es probable que se llegue a una tarifa al costo del servicio y el fin del acuerdo operativo del reparto del excedente, que privilegiaba al Paraguay con energía barata.

De acuerdo con el profesional, no espera maltrato de Brasil: ni trabas comerciales ni desplantes. El riesgo, según describe, está en la tarifa. “Durante 2024 a 2026 Brasil aceptó pagar la tarifa de USD 19,28 por kW/mes, que dejó al Paraguay unos USD 650 millones anuales para obras”, explicó.

Ing. Guillermo López Flores.

En palabras de López Flores, el entendimiento firmado por Paraguay y Brasil en mayo de 2024 plantea que desde 2027 la tarifa refleje solo el costo estricto de operación, sin costos discrecionales. Pagada la deuda de construcción en 2023, la fórmula del Comité de Estudios para la Evaluación del Costo Unitario del Servicio de Electricidad (Cecuse) de la Itaipú arroja una tarifa de entre USD 8 y 10 por kW/mes.

“Lo probable, entonces, son dos cosas: una tarifa al costo del servicio y el fin del acuerdo operativo del reparto del excedente, que privilegiaba al Paraguay con energía barata. Según el acuerdo de 2024, ese acuerdo operativo rige hasta el 31 de diciembre de 2026: para prorrogarlo hay que escribirlo, y si nadie lo escribe, vence”, advierte López Flores. Una posible solución sería, en su mirada, “cambiar el argumento para el planteo de los gastos sociales ambientales por argumentos técnicos defendibles”.

Fuente Ultima Hora